En el mes de noviembre pasado, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa de ley para regular el outsourcing en México, lo que sucitó muchas inquietudes en los círculos empresariales del país.
El gobierno de México argumenta que el outsourcing ha promovido el aumento de la informalidad, además de perjudicar a los trabajadores al recibir menos prestaciones. Por su parte, diferentes empresarios han argumentado que muchas compañías no podrían integrar a sus filas a los trabajadores contratados por outsourcing si la reforma se aprueba.
La polémica entorno al outsourcing
De acuerdo al presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), la reforma provocaría la pérdida de millones de empleos que ahora existen bajo ese esquema.
Por su parte, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, argumenta que el outsourcing en México ha provocado el subregistro de trabajadores, provocando que estos coticen a un salario menor en el IMSS y que reciban, en consecuencia, una pensión menor a la que les corresponde. Asimismo, los trabajadores reciben menores prestaciones laborales. Entre las prácticas más socorridas, están los despidos de trabajadores en diciembre para contratarlos en enero, de tal manera que estos no generan antigüedad.
Por último, la cabeza de la STPS señala que el outsourcing también es utilizado por varias compañías como esquemas de evasión fiscal y para evitar el pago de cuotas al IMSS.
¿Es el outsourcing en México tan malo como dicen?
En los últimos años, México se ha convertido en uno de los destinos preferidos para la tercerización de servicios, sobre todo por su cercanía con los Estados Unidos en esa modalidad conocida como nearshoring.
En cuanto al desarrollo de software, se ha dicho que México podría convertirse en la nueva India, por los costos competitivos que ofrece y la creciente calidad en el servicio. Aunado a esto, como miembro del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), las compañías transnacionales tienen algunas ventajas que no tienen en otros países. Por ejemplo, los derechos de propiedad intelectual están protegidos y no existen restricciones de viaje entre estos países.
Retrasos en la aprobación de la ley
Desde que la iniciativa fue propuesta, ha habido varios retrasos en la promulgación de la ley, mientras que la COPARMEX ha buscado negociar algunos de los puntos de la reforma. Una de las principales preocupaciones de los empresarios del país es el reparto de utilidades, un pago que hace la empresa a sus trabajadores de acuerdo a las ganancias que obtuvo en determinado año.
Bajo la tercerización de la nómina, las empresas no tienen que repartir entre sus trabajadores las utilidades obtenidas en un año, lo que, según la COPARMEX, le quita competitividad a las empresas mexicanas frente a las compañías extranjeras, las cuales no tienen que pagar utilidades.
Para destrabar este punto, el legislativo cedió al poner un tope al pago de utilidades, dándole un máximo de tres meses de salario.
Tras meses de discusiones, la Cámara de Diputados de México finalmente aprobó la reforma a la Ley Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Código Fiscal y de la Ley del ISR. Con estos cambios, la subcontratación solo estará permitida para las tareas que no formen parte del objeto social o actividad económica preponderante de la firma.
Registro de subcontratación
Con los cambios a la ley, todavía pendiente de aprobarse en la Cámara de Senadores de México, la subcontratación de servicios debe formalizarse con un contrato por escrito en el que señale el objeto de los servicios y obras a ejecutar. Tantos las personas morales como físicas que ofrezcan servicios de subcontratación, deberán contar con permiso de la STPS.
El permiso se obtiene acreditando estar al corriente de las obligaciones fiscales y de seguridad social y el permiso se renueva cada tres años.
Con estas predisposiciones, las empresas establecidas en México que ofrecen servicios de subcontratación a empresas extranjeras no deberían estar preocupadas siempre y cuando sus trabajadores estén debidamente contratados. No se persigue la tercerización, se persiguen los abusos en la contratación de trabajadores.